La figura del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas es la piedra angular de la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador. Lo que comenzó como una defensa pública del presidente Gustavo Petro hacia Glas, a quien ha calificado repetidamente como un “preso político”, derivó en una guerra comercial que hoy tiene a ambos países mirándose con hostilidad con muros arancelarios del 100%.

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La decisión de Petro de priorizar la situación judicial de Glas, un ciudadano ecuatoriano nacionalizado colombiano en un movimiento polémico en 2025, dinamitó una relación histórica, dejando a los empresarios de ambos lados de la frontera como los grandes damnificados de un conflicto que dejará millones de dólares en riesgo y miles de empleos bajo amenaza.

El detonante final de esta crisis ocurrió tras las declaraciones del mandatario colombiano el pasado martes, en las que aseguró que Glas, quien cumple condenas unificadas de más de veinte años por corrupción en casos como ‘Odebrecht’ y ‘Sobornos 2012-2016’, es un “preso plítico” y sufre un trato inhumano que constituye un “delito de lesa humanidad”.

La respuesta del gobierno de Daniel Noboa fue inmediata: rechazó lo que considera una “injerencia flagrante” en su soberanía judicial, llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, y suspendió las mesas técnicas de diálogo.

Horas después, la tensión política se tradujo en un golpe económico mortal con el anuncio de un arancel del 100% para los productos colombianos, una cifra que la administración de Petro contempla nivelar –con excepción de algunos productos que tendrían 0 arancel– sellando así el fin de cualquier intercambio en el corto plazo.

Para entender la magnitud del conflicto, es necesario poner la lupa sobre quién es Jorge Glas y por qué su figura obsesiona al presidente Petro. Glas fue el hombre fuerte de Rafael Correa, ocupando la vicepresidencia entre 2013 y 2017.

Su historial judicial es extenso: en 2017 fue condenado a seis años por asociación ilícita tras recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht; en 2020 recibió otros ocho años por cohecho; y en junio de 2025 sumó una sentencia de 13 años por peculado en el caso “Reconstrucción de Manabí”, donde se desviaron fondos destinados a las víctimas del terremoto de 2016.

A pesar de este prontuario, Petro ha insistido en su inocencia, llegando al extremo de otorgarle la nacionalidad colombiana para intentar facilitar su salida de prisión por motivos “humanitarios”.

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Desde Quito, la narrativa es radicalmente opuesta. El presidente Daniel Noboa dijo que en Ecuador no hay perseguidos políticos, sino corruptos que deben responder ante la ley. “Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente”, sentenció Noboa.

La justicia ecuatoriana respalda esta postura negando recursos de habeas corpus y manteniendo a Glas en centros de máxima seguridad como La Roca y, más recientemente, el complejo “El Encuentro” en Santa Elena. Para Ecuador, la actitud de Colombia no es una defensa de derechos humanos, sino un atentado contra el Estado de Derecho que lo llevó a priorizar la soberanía nacional por encima del comercio.

El impacto de esta ruptura política en las cifras comerciales es, en palabras del propio Petro, una “monstruosidad”. La decisión de Ecuador de subir la tasa de seguridad del 50% al 100% a partir del 1 de mayo de 2026, y la respuesta de Colombia de nivelar, potencialmente, el arancel al mismo 100%, crea una barrera económica que hace inviable la competencia.

Este bloqueo recíproco afecta gravemente el flujo comercial, pues en el primer bimestre de 2026, las exportaciones colombianas a ese país ya mostraron el impacto de la tensión acumulada, con una caída de 27,1% (fruto de US$251 millones) frente al mismo lapso de 2025.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió que no hay tiempo para esperar: “Cada mes que pasa le está quitando viabilidad a compañías y puestos de trabajo”.

Entre tanto, la ministra de Comercio, Diana Morales, justificó la posible nivelación arancelaria ante el endurecimiento de la administración de Noboa. Sin embargo, este “ojo por ojo” golpea directamente la canasta familiar y los insumos. Colombia compra a Ecuador productos esenciales como preparaciones de pescado y tableros de madera, que ahora duplicarán su costo.

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Del otro lado, Ecuador deja de recibir de manera competitiva energía eléctrica, cuyo suministro desde Colombia sufrió un desplome del 77,1% en el primer bimestre, pasando de US$110,3 millones en 2025 a solo US$25,2 millones en 2026.

Al analizar por territorios, Antioquia es la mayor víctima de esta guerra comercial. Según las cifras de enero-febrero de 2026, el departamento exportó US$64,9 millones, lo que representa una estrepitosa caída del 55,8% frente a los US$147 millones del mismo periodo en 2025. Pese a este derrumbe, sigue siendo el principal origen de las ventas hacia Ecuador con una participación del 25,8%.

Le siguen en vulnerabilidad el Valle del Cauca, con ventas por US$53 millones (caída del 1,1%), Bogotá, que despachó US$47,4 millones (descenso del 12,8%) y Cundinamarca, que logró crecer un 6,3% llegando a US$35,5 millones.

En el plano corporativo, el impacto es desigual pero profundo. Mientras los despachos a título de XM lideran las pérdidas por la suspensión de energía, otras compañías intentan resistir en un entorno hostil. Colgate Palmolive registró exportaciones por US$7,7 millones (un alza del 18,1%), posicionándose como el segundo mayor exportador, seguido por Hino Motors con US$5 millones. No obstante, el riesgo de parálisis es total para las más de 1.700 empresas que dependen de este mercado.

Javier Díaz, presidente de Analdex, señaló con preocupación que, aunque algunas firmas como Procaps o Corteva Agriscience mostraron crecimientos puntuales en este inicio de año, el muro arancelario del 100% que entra en vigor en mayo amenaza con borrar cualquier avance y desconectar definitivamente los encadenamientos productivos regionales.

Ante el colapso de la Comunidad Andina (CAN), el presidente Petro propuso una llamativa salida: abandonar el bloque andino y buscar el ingreso de Colombia como “socio pleno” al Mercosur.

El mandatario considera que el Pacto Andino ha muerto por “razones ideológicas” y llamó a la Cancillería para que dirija sus esfuerzos hacia el sur, el Caribe y Centroamérica. Sin embargo, esta idea fue recibida con escepticismo por los expertos en comercio exterior.

Analdex advierte que la salida de la CAN sería un error histórico, no solo por el elevado costo jurídico e institucional, sino porque la evidencia muestra que el mercado andino sigue siendo más importante para las exportaciones colombianas que el bloque del sur.

La vía racional, según los gremios, no es desmontar la arquitectura andina que ha tomado más de medio siglo en consolidarse, sino maximizar la relación con Mercosur como Estado Asociado sin renunciar a los beneficios de la CAN. Maria Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, recordó que en 60 años el comercio bilateral se multiplicó 174 veces, conectando a más de 7.000 empresas.

Destruir este patrimonio por una disputa personal sobre la situación de un condenado por corrupción es visto por el sector empresarial como un retroceso imperdonable que solo deja familias sin empleo e inversionistas sin futuro.

Para Olga Lucia Salamanca, socia vicepresidenta de Araújo Ibarra, un eventual ingreso formal de Colombia a Mercosur implicaría un proceso significativamente más complejo. En primer lugar, requeriría un análisis técnico integral a nivel nacional para evaluar los impactos económicos, comerciales y regulatorios; posteriormente, se tendría que establecer un proceso de negociación individual con cada uno de los países miembros de Mercosur, lo cual se vería sujeto al interés de estos países en una liberalización más profunda del comercio con Colombia.

Adicionalmente, dijo Salamanca, el proceso necesitaría el cumplimiento de los procedimientos constitucionales internos, incluyendo la aprobación del acuerdo por parte del Congreso de la República, la expedición de una Ley Aprobatoria que lo adopte en el régimen legal interno y el correspondiente control de la Corte constitucional que revisa y declara la exequibilidad de los acuerdos comerciales y sus leyes aprobatorias.

Mientras los presidentes Petro y Noboa mantienen sus posiciones inamovibles, la realidad en la frontera es de abandono y desolación. Ecuador justifica sus medidas en la falta de control territorial de Colombia, alegando que el abandono estatal ha facilitado el tráfico de drogas y el movimiento de grupos criminales. Colombia, por su parte, responde con aranceles que asfixian a los importadores de materias primas.

El Ministerio de Comercio prometió líneas de crédito y alivios para los empresarios afectados, pero para muchos, estas ayudas son paños de agua tibia frente a un arancel del 100% que los saca del mercado de tajo.

Con el diálogo suspendido y el embajador en consultas, la única certeza es que las facturas de esta guerra las pagarán los consumidores en el supermercado y los trabajadores en las fábricas de Medellín, Bogotá y Cali. La normalización, como dice Javier Díaz (Analdex), parece estar supeditada a un cambio de gobierno en agosto de 2026, una espera que muchas empresas simplemente no podrán sobrevivir.

Para Salamanca, de Araújo Ibarra, con el incremento arancelario al 100%, los empresarios se enfrentarán en la práctica al cierre del mercado ecuatoriano. “Un escenario de escalada arancelaria prolongada y deterioro de la relación política bilateral puede poner en riesgo las operaciones de empresas colombianas ya establecidas en ese mercado”.

“Asimismo, la incertidumbre regulatoria que genera una medida de esta naturaleza afecta la confianza de los inversionistas de ambos lados, quienes requieren previsibilidad para planificar sus operaciones a mediano y largo plazo”, sentenció la experta.

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