A pocos meses del nuevo traspaso del poder en Colombia, la "paz total" del presidente Gustavo Petro —eje central de su programa de gobierno— quedará como uno de los principales asuntos heredados para quien resulte vencedor en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo de 2026.

Los tres candidatos con mayores opciones de llegar a la Casa de Nariño —Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella— plantean respuestas muy distintas frente a un conflicto que no solo persiste, sino que se ha vuelto más complejo, más violento, más entrelazado con dinámicas criminales transnacionales, especialmente en la frontera con Venezuela.

Para una Venezuela que atraviesa una transición tutelada y aún incierta, cada una de esas respuestas podría plantear riesgos distintos: más margen de adaptación para los grupos armados, más desplazamiento de la violencia hacia su territorio o una fragmentación aún mayor del conflicto.

En su conjunto, los balances más recientes elaborados por académicos, organizaciones civiles especializadas y centros de pensamiento e investigación —con base en indicadores de seguridad, impacto humanitario y capacidad institucional— coinciden en señalar fuertes debilidades y limitaciones estructurales a este ambicioso proyecto.

Tres años después de la promulgación de la Ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022), los datos revelan que, lejos de alcanzarse la "paz estable y duradera para Colombia”, los grupos armados ilegales se han fortalecido, volviéndose más grandes, más tecnificados y con una mayor expansión territorial. Al mismo tiempo, el conflicto se ha tornado cada vez más violento y difícil de gobernar.

El más reciente análisis de coyuntura de la Fundación Ideas para la Paz (FiP), publicado en enero de 2026, estima que los grupos armados en Colombia crecieron cerca de un 23 por ciento en el último año, pasando de aproximadamente 22.000 integrantes en 2024 a 27.000 a finales de 2025. Al mismo tiempo, estos grupos han potenciado sus capacidades tecnológicas de tipo militar, en particular mediante el uso de drones y sistemas de vigilancia: solo en 2025 se registraron 277 ataques con drones explosivos contra la fuerza pública, más del doble de los contabilizados en 2024 (119).

En términos geográficos, la política de paz total tampoco logró impedir que los grupos armados ilegales continuaran ampliando su poder e influencia territorial. Por ejemplo, según el informe La paz ¿cómo vamos? de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el ELN expandió su presencia territorial en alrededor de un 23 por ciento entre 2022 y 2025, pasando de 183 a 231 municipios. Al mismo tiempo, análisis de la FiP documentan que las disidencias de las FARC extendieron su huella hacia nuevas regiones del país, entre ellas Tolima y Huila.

El fortalecimiento de estos grupos se ha dado, además, en medio de un proceso de fragmentación y confrontación interna, en el que distintas estructuras armadas se enfrentan entre sí, no solo por el control del territorio, sino también por el dominio de diversas economías ilícitas. De acuerdo con la FiP, con 13 zonas de confrontación activa en 2025 —casi el doble que al inicio de la paz total—, la violencia actual está menos marcada por la lógica insurgente clásica y más por la disputa de rentas ilegales, enclaves mineros, corredores de narcotráfico y control y extorsión de poblaciones locales.

Finalmente, los balances especializados destacan que otra de las razones del fortalecimiento de estos grupos ha sido el crecimiento sostenido de sus redes transfronterizas en países vecinos —en particular en Venezuela—, lo que en algunos casos los ha transformado en estructuras criminales binacionales. Estas redes les permiten contar con bases logísticas, plataformas de rentas ilícitas y mecanismos de reclutamiento, desde los cuales pueden replegarse, rearmarse o reconfigurarse fuera del alcance de la fuerza pública colombiana.

El balance crítico de los resultados de la paz total convirtió esta política en uno de los temas de mayor polarización en la campaña electoral colombiana de 2026. Frente a este diagnóstico, los tres candidatos con mayores opciones de ir a la segunda vuelta —Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia— han formulado enfoques y respuestas claramente diferenciadas.

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, representa la continuidad del proyecto oficialista, aunque con ajustes explícitos en la implementación de la paz total.

La lógica de su planteamiento parte de la premisa de que la violencia en Colombia tiene un carácter estructural y que la construcción de la paz no depende exclusivamente del diálogo con los actores armados, sino de una estrategia más amplia que combine cumplimiento de los acuerdos existentes, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional. Si no se atienden estos aspectos, la presión militar solo desplaza la violencia sin resolverla.

En términos concretos, Cepeda propone reducir la dispersión de los procesos de negociación, establecer objetivos más concretos y resultados verificables, cumplir de forma integral el Acuerdo de Paz de 2016, fortalecer la presencia efectiva del Estado en los territorios más afectados por la violencia y golpear las economías ilícitas que financian a los grupos armados. En ese marco, plantea una reformulación de la política antidrogas, distanciándose del enfoque promovido por Estados Unidos y sustituyéndolo por una estrategia menos centrada en la coerción militar y más atenta a las causas económicas y sociales del narcotráfico.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, cercana al expresidente Álvaro Uribe y ganadora de la Gran Consulta por Colombia, plantea una ruptura explícita con la paz total. Su propuesta no busca corregir el modelo de negociación múltiple, sino sustituirlo por un enfoque de "seguridad total”. Para Valencia, las negociaciones sin una correlación de fuerza favorable al Estado han sido aprovechadas por los actores armados ilegales para fortalecerse. Solo una posición de fuerza crea condiciones reales para resolver el conflicto.

El plan de Valencia está orientado a fortalecer la capacidad del Estado para ejercer una mayor presión institucional —judicial, militar y financiera—, con el objetivo de recuperar el control territorial, restablecer la legalidad y golpear las finanzas de las organizaciones armadas. Entre sus medidas clave se encuentran: el robustecimiento de la Fuerza Pública, la reactivación de órdenes de captura contra cabecillas armados, el rechazo a otorgar estatus político a los grupos guerrilleros, el endurecimiento de la política antidrogas y la reconstrucción de una alianza estratégica y estrecha con los Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella es un candidato fuera de las estructuras partidistas tradicionales, respaldado por su movimiento Defensores de la Patria, de orientación conservadora y de derecha radical.

Su planteamiento supone una "ruptura total” con los mecanismos de diálogo de la paz total, a favor de un enfoque centrado en el reforzamiento de las Fuerzas Militares y el uso intensivo de la fuerza pública para restaurar el orden y forzar la capitulación inmediata de los grupos armados ilegales. La lógica que subyace en su propuesta es que el diálogo sin sometimiento previo de los grupos armados no es negociación sino una forma de capitulación por parte del Estado.

Para alcanzar sus objetivos, Espriella propone un plan de choque de 90 días, orientado a militarizar y retomar el control de las zonas críticas con presencia guerrillera, ofreciendo a los grupos armados una única alternativa: el sometimiento a la justicia ordinaria o la neutralización militar. Al mismo tiempo se llevará a cabo la fumigación masiva de los cultivos ilícitos y la construcción de megacárceles de máxima seguridad. La piedra angular de su plan es un "alineamiento total” con Washington en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Para Venezuela, el desafío común que atraviesa las propuestas de estos candidatos colombianos es que ninguna plantea de forma expresa una política transfronteriza clara y sostenida para enfrentar la dimensión transnacional del conflicto. Ese vacío pesa aún más por la incertidumbre que rodea la transición tutelada venezolana, tanto en lo relativo al momento y a las condiciones de unas futuras elecciones presidenciales, como respecto al ritmo y alcance de la depuración y reconstitución de la Fuerza Armada Nacional.

Dentro de este complejo contexto, una continuidad corregida de la paz total, como la que propone Cepeda, podría resultar especialmente problemática para Venezuela si termina siendo ambigua o permisiva frente a grupos armados binacionales como el ELN. Más que desactivarlos, podría darles tiempo para reacomodarse, conservar refugios y reforzar sus redes a ambos lados de la frontera, aprovechando del lado venezolano una FAN en reorganización. Esos grupos incluso podrían convertirse en un factor de bloqueo armado de la transición venezolana.

Por otra parte, una política más dura que la paz total, como la seguridad total propuesta por Valencia, aumentaría la presión sobre los grupos armados en Colombia, pero también desplazaría parte de la violencia hacia Venezuela. Si el Palacio de Nariño endurece las operaciones sin una coordinación fluida y estable con Caracas, es previsible que esos grupos opten por replegarse, cruzar la porosa frontera y buscar en territorio venezolano la profundidad estratégica que pierdan en Colombia. Eso podría traducirse en más tensión en suelo venezolano, mayores dificultades para la reestructuración de la FAN y nuevas incertidumbres para la transición.

Finalmente, una política de choque frontal en el corto plazo, como la que propone De la Espriella, podría producir efectos similares a los de Valencia, pero con mayor violencia, en menos tiempo y justo cuando la reestructuración de la FAN estaría menos avanzada. Con el agravante de que ese modelo podría además fragmentar aún más a los grupos, multiplicar la violencia y dificultar aún más la transición venezolana.

Sin una estrategia transfronteriza clara y sostenida, cualquier respuesta colombiana al conflicto —negociada, coercitiva o de choque— corre el riesgo de trasladar las dinámicas violentas de un lado al otro de la frontera. Para Venezuela, la cuestión de fondo es qué tipo de conflicto terminará proyectándose sobre su propia transición.

(ms)