BUENOS AIRES (AP) — El gobierno del presidente argentino Javier Milei logró que la Cámara de Diputados aprobase el jueves la ley que flexibiliza la protección de los glaciares con la que busca atraer millonarias inversiones mineras y que medioambientalistas se han propuesto resistir en la justicia al considerar que pone en riesgo reservas críticas de agua dulce.

La norma fue aprobada en la madrugada por 137 votos a favor gracias al apoyo de aliados del oficialismo. En tanto, 111 legisladores —mayoritariamente del peronismo y la izquierda— votaron en contra y tres se abstuvieron. La iniciativa había sido aprobada en febrero por el Senado.

El cambio en el marco regulatorio podría facilitar inversiones por más de 30.000 millones de dólares para la próxima década, según estimaciones del sector minero. El 70% estaría destinado a nuevos proyectos de cobre, oro y plata.

Organizaciones ambientalistas que se manifestaron en contra del proyecto durante su debate intentarán impedir que la norma entre en vigor.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para frenar lo que calificaron de "un proceso viciado y a espaldas a la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua”.

“Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la justicia”, advirtieron las organizaciones en un comunicado en el que adjuntaron el acceso a un sitio en internet para sumarse a la demanda. "Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua” y los ecosistemas que dependen de los glaciares, agregaron.

La oposición cuestionó que la norma es “inconstitucional” porque representa una regresión en derecho ambiental.

El país sudamericano había prohibido por ley en 2010 la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, definidos como las áreas con suelos congelados que actúan como regulador del recurso hídrico.

El cambio más sustancial en la reforma propuesta por Milei es mantener esa protección sólo para glaciares y geoformas identificadas como portadores de “funciones hídricas específicas”, lo cual deberá ser determinado por cada provincia.

Según la norma, todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas.

Según ese inventario, en Argentina hay 16.968 glaciares repartidos entre la Cordillera de los Andes y las Islas del Atlántico Sur que equivalen a una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados.

El gobierno apuesta a la minería para conseguir parte de los dólares necesarios para afrontar los pagos de deuda. En 2026 el país sudamericano deberá cancelar vencimientos por 20.000 millones de dólares.

Especialistas en glaciología alertaron a los legisladores que los glaciares están retrocediendo aceleradamente debido al cambio climático.

Científicos consideraron que desproteger los glaciares podría comprometer las nacientes de agua de zonas áridas, perder reservas de agua que sostienen caudales en épocas críticas, aumentar la vulnerabilidad de las cuencas ante sequías prolongadas y afectar el caudal de cursos hídricos.