hace 17 minutos - POLICIALES
Tiempo de lectura: 4 minutos, 53 segundos26/04/2026-06:15 Policiales-Todo se conoció por un exhorto judicial que pedía recolectar material genético de la pequeña de 12 años abusada, quien cursaba una gestación de 25 semanas. Cuando la policía ingresó al lugar halló 8 fetos escondidos en bolsas plásticas. El lugar no tenía habilitación.
Una investigación iniciada en la ciudad de Monte Quemado para esclarecer un aberrante caso de abuso sexual intrafamiliar terminó por desarticular una presunta red de abortos clandestinos y tráfico de personas en el conurbano bonaerense.
El fiscal Santiago Bridoux lideró el seguimiento de una menor de tan solo 12 años, embarazada de 25 semanas, producto de los ataques cometidos por sus propios primos. Mientras la Justicia local buscaba intensamente a los responsables —quienes hoy permanecen prófugos— se descubrió una trama paralela de captación de personas.
El caso tomó un giro dramático tras el paso de la menor por el Centro Integral de Salud La Banda ya que la pequeña producto de los ultrajes quedó embarazada. Como la gestación estaba casi a término, los médicos locales determinaron que una interrupción era inviable por el riesgo de vida.
La niña —quien estuvo permanentemente acompañada por su madre— se retiró del hospital bandeño y regresó a su ciudad natal. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando una supuesta fundación porteña intervino, captando a la niña y a su madre para trasladarlas de forma clandestina a la provincia de Buenos Aires, eludiendo todo control judicial y sanitario local.
La fiscalía, alertada de la "ausencia" de la menor advirtió que este traslado no fue un acto de asistencia, sino una maniobra que se valió de la extrema vulnerabilidad y falta de instrucción de la familia.
Según revelaron fuentes judiciales cercanas a la causa, las víctimas no lograban distinguir si las llevaban para un aborto, un parto o una entrega en adopción. Esta "zona gris" generó la sospecha inmediata de un delito de competencia federal: la supresión de identidad y el posible tráfico de bebés, orquestado por agentes que ya están siendo investigados e identificados por la Justicia.
Ante el riesgo inminente de que se perdiera el rastro de la menor, lo que sucediera con su bebé y la pérdida de la prueba biológica clave para el caso de abuso, se orquestó un operativo de urgencia.
Fue entonces cuando el Dr. Santiago Bridoux, solicitó al Juzgado de Control y Garantías –a cargo del Dr. Facundo Sayago– un exhorto enviado a Buenos Aires, para ubicar a la niña. Así fue que personal de Trata de Personas y Delitos Conexos local junto a sus pares bonaerense lograron dar con el paradero de la niña.
A raíz de las tareas, los uniformados —durante la madrugada del jueves— descubrieron que la menor en cuestión se encontraba internada en una clínica clandestina de Villa Ballester. Ni ella ni su madre sabían qué pasó con su bebé. Por orden la Justicia de Buenos Aires se dispuso una serie de medidas que consistieron en allanar el lugar. Allí encontraron 8 fetos, y a través de exámenes genéticos buscan determinar si alguno de ellos pertenece al bebé que gestaba la pequeña de Monte Quemado.
Las autoridades judiciales, que trabajan exhaustivamente en el hecho, indicaron que el procedimiento fue una carrera contrarreloj para rescatar a la víctima de un entorno que –aparentemente– operaba totalmente por fuera de la ley.
Finalmente, se confirmó que tanto la niña como su madre fueron puestas a salvo y ya se encuentran bajo resguardo en su domicilio. La prioridad absoluta de la fiscalía local fue preservar el material genético para el cotejo de ADN, un eslabón clave para que el abuso original no quede impune.
El caso, que ahora escala a esferas nacionales, dejó al descubierto una presunta red de Trata de Personas que opera con fachada de ayuda humanitaria y que puede estar vinculada a delitos de una gravedad extrema en centros clandestinos de salud.
El contacto local, bajo la lupa de los investigadores
Según revelaron fuentes judiciales y policiales, con el afán de dar con el paradero de la niña, el Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos comenzó a reconstruir los últimos movimientos de la gestante y su mamá.
Los investigadores establecieron que madre e hija habían sido contactadas por una obstetra y una trabajadora social en el hospital de Monte Quemado quienes le ofrecieron interrumpir el embarazo pero para ello debían viajar a Buenos Aires.
Fue cuando los ojos de los sabuesos se posaron en estas dos mujeres. Tras una minuciosa investigación determinaron que una de ellas se llamaba Ana M. quien se presentó como integrante de la fundación CIGESAR (Centro Integral de Género y Salud Reproductiva Argentina).
Sin conocer hasta el momento la identidad de la otra profesional, los investigadores establecieron que ésta sostuvo que era parte de una organización llamada "Fundación Católica Derecho a Decidir", de la provincia de Córdoba.
El hallazgo en Villa Ballester: ¿clínica o centro de tráfico?
El allanamiento en Buenos Aires, una derivación del exhorto enviado de nuestra provincia, reveló un escenario macabro que la prensa nacional ya cataloga como la "clínica del horror". En el establecimiento, que funcionaba sin habilitación legal, las autoridades no solo rescataron a la menor santiagueña, sino que descubrieron evidencias de una estructura criminal dedicada a prácticas médicas ilegales de extrema gravedad.
Tras una revisión en el depósito de residuos de la clínica se encontraron ocho fetos humanos, distribuidos en distintas bolsas de basura. Dos de los fetos presentaban claras señales de desmembramiento, un dato que, según fuentes de la investigación, podría aportar "elementos para probar la habitualidad de estas prácticas".
Junto a los restos, se secuestró documentación manuscrita con registros internos. Para los investigadores, estos papeles podrían aportar datos sobre la reiteración o sistematicidad de los procedimientos en la clínica. La justicia investiga ahora si el lugar funcionaba como una red de venta de bebés, aprovechando la vulnerabilidad de niñas y mujeres captadas en el interior del país bajo situaciones de extrema pobreza.
Pruebas de ADN: el eslabón clave para la condena
Para la fiscalía de Monte Quemado, la prioridad absoluta tras el hallazgo fue la preservación del material genético. El Laboratorio Genético Forense de Santiago del Estero ya trabaja en coordinación con los peritos de Buenos Aires para procesar las muestras de los bebés y contrastarlas primero con el perfil de la pequeña y más tarde con el de los dos primos identificados como autores del abuso.
Aunque el destino final del neonato es materia de investigación forense (se busca determinar a través de autopsias si hubo vida extrauterina o si se trató de una interrupción inducida), el material biológico secuestrado —si pertenece a la menor— será una prueba irrefutable.
Con estos resultados, la Justicia santiagueña busca garantizar que, una vez capturados, los sospechosos reciban la máxima condena.
Fuente: El Liberal
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