














Un total de once personas mayores de edad, presuntas víctimas del delito de trata con fines de explotación laboral, fueron asistidas luego de dos operativos ejecutados por Gendarmería Nacional en distintos puntos rurales de la provincia de Corrientes. Las actuaciones se llevaron a cabo bajo las directivas del Juzgado Federal de Garantías de Paso de los Libres, que además ordenó el secuestro de documentación y pruebas clave para la causa.
Durante la mañana de ayer tuvo lugar el despliegue de mayor alcance en cuanto a cantidad de damnificados. En un establecimiento del paraje Pancho Cué, los efectivos constataron que nueve trabajadores adultos cumplían extensas jornadas en un entorno habitacional precario. Para este procedimiento se contó con la colaboración de integrantes de la Sección "Alvear", unidad dependiente del Escuadrón 57 "Santo Tomé".
Aislamiento y falta de servicios básicos en Felipe Yofre
La otra intervención estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Paso de Los Libres", junto con el apoyo de la Sección Vial "Paso de los Libres" (Escuadrón 7), en la localidad de Felipe Yofre.
En dicho predio, los uniformados hallaron a dos adultos que permanecían en situación de aislamiento geográfico y trato indigno. Según se constató en el lugar, los trabajadores carecían de acceso a una alimentación adecuada, elementos básicos de higiene y una remuneración acorde a las labores que desempeñaban.
Abordaje interdisciplinario y contención
Para garantizar el resguardo de las once presuntas víctimas, ambos operativos contaron con la intervención conjunta de diversos organismos estatales. Participaron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, junto a agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y representantes de la Secretaría de Empleo de Corrientes.
Tras los allanamientos, los damnificados recibieron contención integral, mientras la Justicia Federal avanza con el análisis del material incautado para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Fuente: El Liberal