Ana llegó al hospital en ayunas y con la decisión tomada. Días antes, la prueba de embarazo había resultado positiva, pero desde el nacimiento de su tercer hijo, ella y su marido habían dado por terminados los planes de agrandar la familia. Después de asesorarse, una médica le indicó los pasos a seguir para acceder a un aborto. La práctica sería en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, donde llegó esa mañana de septiembre lista para la intervención.

Desde 2020, la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina y los centros de salud de todo el país deben garantizarla a quienes la requieran en un plazo máximo de diez días, hasta la semana 14 de gestación. Sin embargo, desde la llegada de Javier Milei al poder, hay profesionales de la salud y organismos de derechos humanos que denuncian faltantes de insumos y dificultad en el acceso a la intervención. Según datos de Amnistía Internacional Argentina, en 2025 las denuncias por impedimentos y falta de información se triplicaron.

En el Hospital Materno Infantil de San Isidro, uno de los municipios más ricos del país, además, pacientes, médicos y profesionales de la salud alegan la existencia de un consultorio atendido por mujeres que no forman parte del personal de salud del hospital y buscan persuadir, obstaculizar y dilatar la atención.

Apenas supo que estaba embarazada, Ana -cuyo nombre fue modificado para preservar su intimidad- buscó información en Internet para saber cómo acceder a lo establecido en la ley 27.610. En Buenos Aires existe una línea gratuita que deriva los pedidos según domicilio. Según relata, le dieron turno un día después para una consulta con una profesional médica en un centro de atención primaria. Allí le indicaron cuál sería el procedimiento: aspiración Manual Endouterina (AMEU), una intervención ambulatoria que se utiliza para vaciar el útero de forma segura. Dos días después, fue citada al Hospital Materno Infantil.

“La doctora me recibe y me dice que antes del quirófano tengo que pasar por un consultorio de consejería”, cuenta a CNN Ana. Según su relato, allí la recibieron dos mujeres que no se identificaron como personal de salud. CNN no pudo constatar de manera independiente quién la recibió ni las mujeres a las que hace referencia.

“Cuando les digo que ya estaba en ayunas porque fui para practicarme una AMEU, me dicen que no, que eso no iba a suceder ese mismo día”, recuerda Ana.

En la conversación dice que le preguntaron datos muy personales y que a medida que les iba dando distintas razones de por qué tomó su decisión, buscaban motivos para convencerla de que hiciera lo contrario. “Les conté que tenía tres hijos y me dijeron que por ahí esta era la hija que me faltaba, que trate de conectar con el embarazo, que hable con toda mi familia y les cuente”, relata Ana.

Durante meses, CNN intentó recibir una respuesta a estas alegaciones por parte de la dirección del Hospital. Recientemente, la nueva directora del instituto, que asumió al cargo a inicios de 2026, negó tener conocimiento de estos procedimientos.

El testimonio de Ana no es el único. Desde Amnistía Internacional Argentina explican que a partir de 2024 empezaron a recibir información de pacientes que coincidían con lo expresado por Ana sobre la atención en el Hospital Materno.

“En este contexto de desmantelamiento de las políticas públicas a nivel nacional, aparecieron unos dispositivos que se denominan maternidades vulnerables que, en lugar de acompañar a una mujer, lo que buscan es disuadirla de su decisión de interrumpir el embarazo, la desinforman y ejercen prácticas coercitivas”. dice Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

Las pacientes que llegan al hospital buscando un aborto son recibidas en la mesa de entrada y derivadas a una sala de espera a la que se llega a través de un largo pasillo. Rodeadas de puertas cerradas, las mujeres esperan a que las llamen por su nombre.

Cada consultorio tiene el suyo: ecografía, enfermería. Solo una salita no lo tiene. La puerta es blanca y está entornada. Mujeres sin delantal entran y salen, incluso en medio de las consultas. CNN pudo constatar que allí atienden las “voluntarias”.

En los relatos que recopiló Amnistía Internacional Argentina los diálogos se repiten. “Les ofrecen escarpines, pañales, tratan de convencerlas de que es riesgoso abortar exagerando ampliamente sus consecuencias y diciéndoles que los den en adopción”, dice Galkin.

En 2024, la organización dice que hizo presentaciones formales en el Hospital, ante la Secretaría de Salud del Municipio y ante la Dirección Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y el dispositivo dejó de funcionar por un tiempo.

La Secretaría de Salud no contestó a la solicitud de CNN sobre la realización de tales presentaciones. La Dirección del Hospital negó tener conocimiento.

Sin embargo, desde el año pasado Amnistía Internacional dijo a CNN que recibió nuevos relatos.

“Han llegado a decirles, por ejemplo, que hay mujeres que se suicidan luego de acceder al aborto por la culpa posterior, que les mostraron muñecos de bebés en la consulta o que entraron mujeres en el marco de la consulta médica y entregaron una virgen. Todas conductas sumamente invasivas, coercitivas y graves. Violan el trato digno y los derechos del paciente y por supuesto, la autonomía reproductiva”, cuenta Lucila Galkin.

Dos profesionales de Salud de San Isidro que pidieron mantener su nombre en reserva para no enfrentar represalias contaron en exclusiva a CNN cómo alegan que funciona la práctica desde adentro. Agregan que reciben presiones y que, si bien todavía encuentran mecanismos para garantizar los abortos, su trabajo se ha complicado.

“Cuando cambió el signo de la gestión política, comenzaron las dificultades, pero desde que llegó el nuevo secretario de Salud, el hostigamiento se ha hecho mayor”, sostienen.

Tras varios pedidos de entrevista, las autoridades del Municipio de San Isidro prefirieron responder a CNN por escrito: “En cumplimiento con la ley, en San Isidro trabaja un equipo de consejería en derechos integrado por profesionales: obstetras, ecografistas, psicólogos, enfermeras, abogadas y voluntarias. Este equipo garantiza el acceso a la información y brinda una atención integral y acompañamiento a todas las madres embarazadas, sea cual fuera la decisión que tomen amparadas por la ley”.

“Casado con Lola y papá de 7 hijos. Médico pediatra”, se describe a sí mismo en su perfil de Instagram Pablo María de la Torre, el actual secretario de Salud de San Isidro. También exfuncionario del gobierno de Javier Milei, fue desplazado de su cargo a mediados de 2024 como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación en el ministerio de Capital Humano tras un escándalo por bolsones de alimentos no distribuídos en comedores. Tras su salida, aseguró: “Tengo la conciencia y las manos limpias”.

En 2018, cuando el debate sobre el derecho al aborto llegó al Congreso de Argentina y los pañuelos verdes se volvían una postal emblema para toda la región, De la Torre fue uno de los exponentes opositores a la iniciativa. “He visto las secuelas del síndrome posaborto y es devastador: depresión, intentos de suicidio, baja autoestima, recaídas de la salud mental cercanas a la fecha del aborto, llanto fácil”, decía ante el recinto, sin pruebas científicas. El consenso médico internacional, respaldado por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la American PsychologicalAssociation, indica que el aborto seguro no aumenta el riesgo de trastornos mentales.

En ese entonces, De La Torre era secretario de Salud en San Miguel, municipio del cual es un referente político junto a su hermano Joaquín de la Torre, exintendente. Durante su gestión implementó políticas -que ahora trasladó a San Isidro- como el Camino de la Embarazada, un programa que propone un recorrido “puerta por puerta” de un equipo médico en territorios vulnerables para identificar a las mujeres embarazadas, a través de ecografías ambulatorias y así poder hacerles un seguimiento.

Históricamente, varias organizaciones de derechos humanos denuncian que en San Miguel no es posible acceder al aborto. En 2025, la justicia sancionó al municipio por no dar información pública sobre el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las autoridades locales dijeron a CNN que “existe una controversia en trámite que aún no se encuentra resuelta” y que el municipio cumple con el acceso a las prácticas previstas en la Ley.

De la Torre lleva años de militancia contra la ley de aborto. Durante su alocución en el Congreso, en 2018, mencionó además unas consejerías que se habían puesto en marcha en San Miguel: “En la noticia del embarazo, a través de la consejería, les damos ayuda e información a las mujeres que atraviesan un momento de fuerte duda. Aquellas que han pasado por la consejería, a pesar de sus dificultades, han continuado con sus embarazos”.

El ahora secretario de Salud llegó al municipio de San Isidro, cuya intendencia está a cargo de Ramón Lanús, a comienzos de 2025. Lanús, -quien ha declarado públicamente su posición en contra del aborto - presentó en 2025 una lista en alianza con La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei.

Desde la llegada del actual gobierno, en diciembre de 2023, la política de ajuste impactó directamente en el acceso al aborto a nivel nacional. En un informe de septiembre de 2025, Amnistía Internacional Argentina denuncia que se registra “una suspensión total de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE”.

CNN consultó con el ministerio de Salud de la Nación y respondieron que son los prestadores de salud quienes tienen la obligación de garantizar el derecho al aborto y que es potestad de cada provincia.

Al igual que relatan activistas dedicados a la atención en el territorio, los organismos de derechos humanos reportan que las primeras denuncias en el Municipio se dieron con la llegada de Lanús a la intendencia y que se intensificaron desde la gestión de De la Torre en Salud.

CNN solicitó formalmente entrevistar al secretario de Salud Pablo De La Torre, pero ante las negativas se convino enviar las preguntas de manera escrita.

En este sentido, las autoridades de San Isidro dijeron a CNN que la actuación del municipio es acorde a la ley vigente.

Durante esta investigación, los dos profesionales de la salud que trabajan en la atención de pacientes de distintas unidades del municipio revelaron en exclusiva a CNN la existencia de un protocolo de actuación interno que verifica parte de los mecanismos que pueden demorar la atención aplicados en San Isidro. CNN, además, constató la veracidad del documento de manera independiente.

De acuerdo con el relato de los médicos y la documentación compartida con este medio, en junio de 2025, la municipalidad de San Isidro envió a todos los centros de salud del distrito una circular con la firma de De la Torre y tres documentos adjuntos, entre ellos el protocolo de actuación en caso de “solicitud de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) e interrupción legal del embarazo (ILE)”.

Allí se indica que todas las consultas relacionadas a la práctica -ya sea en Centros de Atención Primarios de la Salud (CAPS) o cualquier sala del distrito- deben ser derivadas al Hospital Materno Infantil y que la farmacia de ese hospital es el único centro autorizado para la dispensa de medicación.

En la hoja de ruta de cada paciente, adjunta al protocolo, se establecen seis instancias previas al acceso a la práctica, entre ellas una consejería al principio y otra al final. Sin embargo, la ley nacional que establece que la persona que pide un aborto tiene derecho a acceder a información clara, y con la sola firma del consentimiento informado debe poder avanzar con la IVE.

“Obligan a las mujeres a pasar por más de una consejería para el acceso al aborto, lo cual va en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria Legal del Embarazo. Además, estas supuestas maternidades vulnerables, les dicen que obligatoriamente tienen que tener una consulta psicológica previa para acceder, lo cual también está en contra de lo que establece el marco legal vigente”, aclara Lucila Galkin.

Especialistas aseguran que esta práctica viola el principio de celeridad y atención sin barreras que propone la ley, teniendo en cuenta el plazo límite para realizarse un aborto legal.

El abogado argentino Agustin Nacarato lo explica en detalle. “El protocolo de San Isidro vulnera la ley de interrupción voluntaria del embarazo de manera articulada”, sostiene y señala tres aspectos puntuales que “funcionan como sistema”.

“Mientras que la legislación nacional establece que los servicios de acompañamiento son voluntarios y no condicionan el acceso al procedimiento, que la decisión de la paciente no puede ser interferida ni sometida a juicios de orden personal o religioso y que el acceso debe concretarse en un plazo máximo de diez días corridos, el protocolo de San Isidro opera en sentido contrario”, subraya. “Convierte el acompañamiento en obligatorio, crea las condiciones para que las instancias previas al procedimiento funcionen como oportunidades de interferencia sobre una decisión que la ley ordena respetar y, al multiplicar las etapas, pone en riesgo estructural el plazo legal”.

En este sentido, una de las dos fuentes del sistema de Salud con las que habló CNN, con conocimiento de la atención del Hospital Materno Infantil de San Isidro contó que estas prácticas han llegado a demorar el acceso al aborto hasta un mes.

“No se trata de excesos aislados”, subraya Nacarato sobre el texto del protocolo. “Cada paso habilita el siguiente, y el resultado es que lo que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo pensó como derechos de la paciente, el protocolo los reencuadra como requisitos que el sistema le impone”, concluye.

Amnistía Internacional Argentina realizó un pedido de acceso a la información a la provincia de Buenos Aires sobre la implementación de la ley en esa institución. Según los datos aportados, en el transcurso de 2024 y 2025 se entregaron cerca de un 40 % menos de tratamientos con misoprostol que en todo el 2023.

Si bien la aplicación del protocolo todavía no se traduce en un descenso taxativo en los casos, entre 2023 y 2024, se practicaron un 10 % menos de ILE/IVE. Profesionales de la salud afirman que continúan garantizando la práctica a pesar de la resistencia oficial. Según relataron a CNN, todavía encuentran espacios para llevar adelante las intervenciones cuando las pacientes no logran ser persuadidas en las consejerías o ante los mecanismos de dilación que plantea el protocolo.

Ante los pedidos de información por parte de CNN, el Municipio de San isidro eligió no responder de manera específica sobre el protocolo, aunque no negó su existencia.

En algún momento, durante el transcurso de esa conversación, Ana dice que dos mujeres más ingresaron al consultorio. Relata que interrumpieron la charla y una de ellas le dio un paquete a una de las mujeres con las que estaba hablando.

Después de más de una hora de consejería, Ana supo que tenía que salir de ahí como fuera. “Era muy notorio que estaban tratando de cambiar el rumbo de mi decisión”, dice.

Entonces, aceptó tomar el turno psicológico unos días más tarde y la consulta llegó a su fin.

Ana relata que una de ellas abrió el paquete que le habían dejado y le mostró su contenido: “Era una virgen. Me dijo que ella no tenía idea de lo que había dentro de la caja y que lo tenía que tomar como una señal”, explica.

Sin embargo, con la misma convicción que cuando vio el test de embarazo, salió del consultorio, se acercó a la médica del hospital y le dijo que estaba lista para la intervención.

Finalmente, Ana pudo acceder a un aborto, pero le preocupa que no todas las mujeres puedan lograrlo.

“Estoy tranquila porque mal o bien logré acceder al procedimiento que estaba buscando. Pero atrás mío entró otra chica a la consejería y antes de mí estaba saliendo otra, y es muy claro el objetivo de ese consultorio, no sé si con alguna otra chica lo lograrán es violento, aunque ellas no se manifiesten de manera violenta, no está bueno lo que sucede ahí adentro”.

Días más tarde, se tatuó una virgen en uno de sus brazos.

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