La marcha principal avanzó el jueves por la Explanada de los Ministerios en dirección al Congreso, mientras un grupo más reducido se dirigía al Tribunal Supremo.

La manifestación marcó el punto álgido del encuentro, celebrado del seis al 11 de abril y que reunió a unos 7.000 participantes de más de 200 colectivos.

Dirigentes como Marinete Tukano reclamaron medidas concretas y advirtieron de que los retrasos en la demarcación de tierras dejan a las comunidades en situación de riesgo y debilitan los derechos constitucionales. Señalaron que, aunque entre 2023 y finales de 2025 se han reconocido alrededor de 20 territorios, tras cuatro años sin avances este número sigue siendo insuficiente ante el histórico atasco de expedientes.

Poderosos grupos de presión del sector rural y minero presionan para rebajar las protecciones, promoviendo normas de tipo 'marco temporal' como vía para extender la agricultura y la extracción a tierras reclamadas por los pueblos indígenas.

Pese a algunos avances en los últimos años, muchas reclamaciones siguen sin resolverse, mientras el Congreso debate nuevas medidas que las organizaciones indígenas y de derechos humanos critican por poner en peligro la protección de esas tierras.

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