Una de ellas tiene que ver con la creación de un régimen de subsidios especiales a los menores huérfanos de madre por femicidios o violencia de género o intrafamiliar

Se aprobó hoy por unanimidad una importante agenda de proyectos de ley destinados a reparar y ampliar los derechos y la protección estatal a personas que sufrieron algún tipo de delito o privados de asistencia.

En primer lugar, la Cámara Alta dio media sanción al proyecto que establece la creación del Centro de Asistencia a las víctimas de delitos e incorpora la figura de un defensor público en cada provincia. Además, postula que las víctimas tienen derecho a recibir gratuitamente el patrocinio jurídico que necesiten para ejercer sus derechos, entre los cuales se mencionan que se reciba de inmediato su denuncia, se respete su intimidad, ser asistida e informada correctamente, a la mayor celeridad posible del proceso judicial, a aportar información y pruebas, y a ser escuchada antes de cada decisión.

El senador Gerardo Zamora, vicepresidente del Senado, expresó que “al aprobar estas leyes, estamos dándole al Estado más herramientas para asistir, contener y acompañar a las víctimas de delitos en la búsqueda de justicia, ya que muchas veces son re victimizadas durante el proceso judicial, por falta de información o del acompañamiento técnico adecuado”.

También, el Senado aprobó la creación de un régimen de subsidios especiales a los menores huérfanos de madre por femicidios o violencia de género o intrafamiliar, a partir de la fusión de un conjunto de proyectos entre ellos uno presentado por la senadora Ada Iturrez de Cappellini. En la misma línea, se votó una modificación al Código Civil y Comercial que establece la privación de la responsabilidad parental a los condenados por femicidio.

Finalmente, se creó un Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales, que alcanza a cerca de 15.000 niños entre 13 y 21 años de edad que no cuentan con asistencia de sus familias, brindándoles acompañamiento personal y una asignación mensual así como un régimen de reparación a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante la asignación de una pensión graciable durante 10 años.